Artículo de Gabino Porto en Faro de Vigo
Cuando el gobierno de Nelson Santos (PP) aprobó su primera ordenanza para la recogida de basura buscaba que el gasto que significaba este servicio para las arcas municipales quedase compensado por los ingresos. En un gobierno local que aparentemente funcionaba como una maquinaria perfecta, la solución era subir la recogida de la basura, pero esto había que hacerlo sin dañar la economía de los vecinos, que ya sufrían las consecuencias de la crisis, y a las puertas de unas elecciones municipales tampoco era aconsejable ponerle armas en la mano al rival político. La solución, pensada por el gurú económico del alcalde, fue realizar una reforma de la ordenanza que salvaguardase los bolsillos de los votantes pero que cubriese el gasto del servicio. Estando en Porriño, referente industrial del sur de Galicia, se escogió penalizar a las empresas por los metros cuadrados ocupados y no por el nivel de residuos como podía escogerse otra solución y con los votos de una mayoría absoluta, renacida de una moción de censura, se puso en práctica.
Solo la denuncia y la tenacidad de un empresario, al que no se le prestó la atención debida en el Concello, sirvió para que aquella "inspiración de tasa de basura" fuese anulada por la Justicia y dejase de ser aplicada.
Ahora viene lo peor: la exigencia de la devolución de lo cobrado de forma indebida. Su ejecución sacará de las arcas municipales dinero necesario para obras y servicios, lo que terminará perjudicando a vecinas y vecinos.
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