 Isabel Penedo, secretaria del Ayuntamiento, logró que se investigara el caso desde 2002
José Manuel Barros fue alcalde de Porriño (Pontevedra) y hombre poderoso en el PP comarcal durante décadas. Pero Barros tiene un asunto pendiente, y muy feo. Desde 2002 un juzgado investigó la denuncia de su secretaria, Isabel Penedo, que lo acusó de acoso sexual y laboral. Las pesquisas concluyeron con un auto en el que el juez anunciaba ya que todo estaba listo para juzgar a Barros por los presuntos delitos de lesiones contra la salud mental, acoso sexual, prevaricación y amenazas, que le podrían suponer varios años de prisión. Pero alguien entró en el juzgado y se llevó el sumario. Eso sí, de los 18 tomos, el ladrón eligió cuatro, aquellos que imputan al ex mandatario. Casualmente, “hacía muy poco tiempo que la jueza había dado orden de cambiar las cerraduras, como medida de precaución, porque a una secretaria le habían quitado el bolso días antes”, aclara Jesús Carballeda, abogado de Penedo.
Fue un robo limpio. No se forzó la nueva cerradura ni se rompió ninguna ventana. “No puedo acusar a nadie, pero es evidente que la desaparición de la documentación sólo favorece al imputado”, prosigue Carballeda. “La mayor afectada es Isabel. Hemos tenido que rehacer el sumario, revisar la documentación y recordar sucesos muy penosos, revivir el sufrimiento y la angustia que ha padecido durante todos estos años”, añade el letrado. Isabel Penedo reconoce que el robo le ha supuesto “un mazazo” y teme que “tras la reconstrucción puedan faltar pruebas relevantes e incriminatorias”. Su abogado calcula que el sumario ya ha podido reconstruirse “en un 90 por ciento” gracias a las copias que guardaban ellos. Fueron necesarias, eso sí, más de siete horas ante la jueza.
Pese a todo, a Isabel, licenciada en Derecho, no hay quien la disuada de que Barros, de 68 años, lo que pretende es dilatar más el proceso para zafarse de la cárcel. Siete años y ocho jueces después de presentar la denuncia, sólo reclama a la Justicia “celeridad” y la puesta en marcha de “protocolos de seguridad” que impidan robos como el ocurrido en Porriño. “¿Por qué no instalan cámaras en los juzgados, si ya las hay en cualquier tienda?”, recalca con desesperación.
Los delitos que se le imputan al ex alcalde Barros –ex presidente del PP local y que permaneció en el cargo durante seis legislaturas– podrían acarrearle penas de hasta cinco años de cárcel y otros ocho de inhabilitación. La acusación solicita una indemnización de 500.000 euros por los daños ocasionados. Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Porriño, el ex alcalde realizó insinuaciones de tipo sexual y “de contenido discriminatorio, humillante e intimidatorio” a Isabel Penedo, funcionaria de carrera desde los 18 años, y por aquella época su secretaria. “A los dos o tres meses de entrar en el Ayuntamiento ya tuve problemas con él –recuerda Isabel–. Me hacía proposiciones y me decía: el que manda soy yo, no sabes lo que te estás perdiendo”. La mujer recuerda que en aquellos años nadie hablaba de acoso sexual ni laboral en España: “Llegaba a casa y me pasaba dos horas llorando. Nadie le daba importancia; me decían: «Non le fagas caso»”.
Insultos y ataques continuos
La trabajadora municipal tuvo que soportar además que Barros la llamase “burra”, “traidora” y “sindicalista”. El ex regidor hizo trabajar a Isabel “tras un armario de grandes dimensiones para dificultarle el contacto con el resto de personal”. Los ataques no cesaron y el alcalde confinó a la funcionaria durante más de 24 meses en el torreón del Ayuntamiento, un lugar empleado como almacén. En la escalera de acceso colocaron un cartel “prohibiendo el paso a toda persona no autorizada”.
De allí, Isabel pasó a ocupar un espacio en un “pabellón multiusos que se encontraba en obras y sin las medidas necesarias para realizar su trabajo. Sin calefacción ni teléfono”, recoge el auto. En aquel momento, Isabel tampoco tenía encomendada ninguna función laboral concreta “aparte de realizar fichas de las empresas de Porriño a partir de las páginas amarillas y cuya finalidad no está clara”, prosigue el texto.
Isabel recuerda que el alcalde, en pleno acoso, se le acercaba y le sugería: “Esto te pasa porque quieres, en dos horas de cama está todo arreglado”. Ella no accedió y llegó a desesperarse, antes de pedir la baja en su trabajo: “Llegué a comprarme dos uniformes de esos de azafata que venden en El Corte Inglés, porque a él todo le provocaba: si llevaba tacones, la falda, el escote, que si un pantalón me marcaba… Me decía: «Es que se la levantas a un muerto»”. El ex alcalde –que no quiso declarar ante el juez durante la fase de instrucción– sólo ha esgrimido en su defensa que la remoción del puesto que ocupaba Isabel estuvo motivada por la asistencia de la funcionaria a una reunión sindical en la que se debatía la negociación del convenio colectivo.
La policía sigue investigando la desaparición del expediente de Barros, descubierta de forma fortuita por una funcionaria. “Tendrá que responder ante la Justicia, a pesar de la carrera de obstáculos y de cualquier tipo de tácticas dilatorias que emplee”, insiste el abogado de Isabel, que aguarda impaciente. “Siento que he malvendido mi juventud y mi vida… Sólo yo sé el terrorismo psicológico al que estuve sometida años y años durante el tiempo que duraba mi jornada laboral”, musita la mujer. |
