 Los autónomos denuncian que son unas instituciones a las que no se afilian libremente y que consideran ineficientes
La ministra de Economía, Elena Salgado, introdujo dentro de la Ley de Economía Sostenible la eliminación del denominado recurso cameral permanente, un impuesto que abona un alto porcentaje de las empresas y que sirve para financiar a las Cámaras de Comercio. Su supresión hubiera venido a satisfacer una de las más viejas demandas de los 2,3 millones de trabajadores autónomos que en plena crisis tienen que pasar por caja para sufragar unas instituciones a las que, como ellos mismos denuncian, no se afilian libremente y que consideran ineficientes.
Según uno de los borradores de la norma, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Gobierno se planteó modificar la Ley 3/1993, que regula las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. El artículo 13, que determina la obligación de pago y devengo de la cuota, reza que deberán abonarla “las personas físicas o jurídicas (…) que durante la totalidad o parte de un ejercicio económico haya ejercido las actividades del comercio, la industria o la navegación (…) y, en tal concepto, hayan quedado sujetos al Impuesto de Actividades Económicas”. La nueva redacción añadía la coletilla: “y que decidan libremente pertenecer a una Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación”.
La posibilidad, que debió caer como un jarro de agua fría en el Consejo Superior de Cámaras que preside Javier Gómez-Navarro, no se incluyó en la redacción definitiva del anteproyecto. Y es que la recaudación obtenida a través de ese impuesto puede suponer fácilmente la mitad del presupuesto de una Cámara. Dos días antes de Nochebuena, la de Zaragoza anunciaba un recorte del 10% en sus cuentas para el año próximo. De los 7,72 millones de que dispondrá, el 51,06% provendrá del recurso cameral permanente y el 49,94% de financiación externa por servicios y programas. El pasado martes no había disponible ningún portavoz del Consejo Superior de Cámaras para profundizar en las cifras.
Quien sí las tiene claras es Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), para quien lo importante no es el dinero que supone a cada profesional, que cifra entre 20 y 30 euros, sino el hecho de que la afiliación sea obligatoria. “Es un impuesto medieval, que vulnera el derecho a la libertad de asociación y sindicación. De hecho, muchos autónomos no saben ni que tienen que pagarlo y su primera noticia llega cuando reciben una carta de la Agencia Tributaria advirtiéndoles de que se les embargarán las cuentas si no lo abonan. Además, ¿para qué necesita un quiosquero a las Cámaras de Comercio?”, se pregunta. En todo caso, 2,3 millones de autónomos a 30 euros arrojan una cifra cercana a los 70 millones de euros, por mucho que la parte del león del tributo lo asuman las grandes empresas.
Una promesa del PSOE
Los intentos de Salgado no dejan de estar en línea con los programas electorales del PSOE para los dos últimos comicios. En 2004, el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero ya se comprometió a “hacer de las Cámaras de Comercio e Industria instituciones verdaderamente representativas y eficaces para todos los emprendedores”. En 2008, su propuesta fue más concreta y prometió excluir del pago de la cuota a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Una senda en la que actualmente se trabaja, pero que la crisis económica ha paralizado, según explica a este diario Sebastián Reyna, presidente de UPTA (Unión de Trabajadores Autónomos).
“Nosotros vamos a intentar que se presente una enmienda a la Ley de Economía Sostenible para poner fin al impuesto cameral –expone Reyna-. En todo caso, la situación de los autónomos dependientes ya está hablada con el Consejo Superior de Cámaras. Quedaron en que iban a hacer un análisis del coste que suponía excluirles del pago. En el Ministerio de Trabajo hay suscritos 10.500 contratos de esta índole. El segundo caso que queremos negociar es que queden exentos los autónomos que no tengan trabajadores a su cargo. Esto ya es más delicado. Son 1,7 millones y podrían restar entre un 20% y un 25% de la recaudación a las Cámaras de Comercio. Son instituciones inútiles para el autónomo. Al final lo que buscan es favorecer la presencia internacional de las empresas, y eso beneficia a las grandes”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2009, en España existen 3,35 millones de empresas. De ellas, el 52,7% no emplea a ningún asalariado. Es más, el 98% del tejido empresarial está compuesto por micropymes, con menos de 10 empleados. De los 3,1 millones de autónomos, están exentos de pagar la cuota a las Cámaras el régimen agrario y los profesionales colegiados. Para los autónomos, el impuesto cameral permanente en concepto de IRPF se obtiene aplicando el 0,15% sobre el importe de sus rendimientos netos positivos. En el caso de las sociedades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el pago es de un 2% de la cuota del impuesto. Para las exentas de este tributo, se aplica un porcentaje sobre la base imponible de Sociedades. |
